Tiene 90 años. Dos meses después del funeral de su esposa, le cobraron $6.661.518.
Murió de forma sorpresiva y contra todo pronóstico. Antes del desenlace la habían operado de urgencia, y para ingresarla le exigieron al marido firmar documentos y dejar un pagaré.
Dos meses después del funeral, ese hombre —90 años, movilidad reducida— recibió una llamada de la clínica: debía $6.661.518. Y cuando su abogada fue a la isapre a pedir copia del plan de salud, se negaron.
La Corte de Apelaciones de Temuco les rechazó casi todo: no aplicó la Ley de Urgencias, no suspendió los cobros y dejó las pretensiones de fondo para un juicio ordinario. Suspender los cobros, dijo, "implicaría alterar una relación jurídica sustantiva mediante una acción cautelar, que no tiene esa finalidad".
Pero acogió lo de la información. Negarse a entregarla les impide comprender "el origen, cálculo y fundamento" de lo que se les cobra, y los deja en indefensión incompatible con el estándar mínimo de juridicidad exigible. Y no es criterio de una sola Corte: se apoyó en la Corte Suprema (Rol 16.881-2018).
Ordenó a la isapre entregar en 30 días el plan vigente, la cobertura aplicada, los excedentes y el cálculo de bonificaciones. Y a la clínica, el detalle completo de la cuenta con individualización de prestaciones, valores y cobros.
No les bajaron la cuenta. Consiguieron que se las explicaran. A veces eso es lo que se puede ganar — y no es poco.
Para pensar: ¿Alguna vez pudiste entender de verdad una cuenta clínica?
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