Reparando su muro, rompió una cañería de gas que no aparecía en los planos.
Reparando el muro perimetral de su casa, impactó accidentalmente una cañería de gas soterrada y se produjo una fuga. Hasta ahí, un accidente.
El problema es por qué estaba ahí: la tubería corría dentro de su propiedad alimentando al vecino, y no aparecía en los planos de la empresa. Las obras quedaron paralizadas, con un muro de contención expuesto.
Lo urgente: el año anterior hubo una explosión por acumulación de gas en el mismo sector, con una persona fallecida.
La empresa tenía argumentos razonables: la red se diseñó según los estándares de su época, la desviación se explicaría por una obra posterior de un tercero, la instalación hoy es segura y la relocalización depende de permisos en trámite.
Ahí se cayó. El organismo que otorga esos permisos informó a la Corte: sí había una solicitud, el presupuesto se emitió al día siguiente —$921.646, pagadero en 30 días— y a la fecha del informe no se había pagado. El permiso nunca se emitió.
La Corte de Apelaciones de Temuco fue directa: atendido el riesgo, la demora en ejecutar una solución definitiva configura un actuar carente de razonabilidad. Ordenó relocalizar la red hacia la calzada en 30 días.
No determinó quién movió la cañería, ni indemnizó los costos de la obra paralizada. Solo ordenó que se arregle, y puso fecha.
Lo que te sirve saber: "lo estamos viendo" no es una defensa. Con riesgo acreditado, el tiempo sin solución es en sí mismo el acto arbitrario. Y pedirle su informe al organismo que otorga el permiso convierte una promesa en un hecho verificable.
Para pensar: ¿Cuánto tiempo es razonable esperar cuando lo que está en juego es un riesgo?
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