Expulsado a los ocho años. Su madre alegó que no agotaron los apoyos.
Esta vez la Corte rechazó el recurso contra una expulsión. Vale la pena entender por qué, porque no fue por un diagnóstico.
Un niño de ocho años, con diagnóstico de TEA y en el programa de integración, fue expulsado tras agredir a un compañero y a una funcionaria. Su madre alegó que era una medida extraordinariamente gravosa y que la escuela nunca agotó los apoyos.
La Corte fue al registro. Dos años de hoja de vida, con al menos 20 faltas gravísimas y 18 graves en 2025, entrevistas con la apoderada y medidas de apoyo documentadas. Y un detalle que respondió el argumento central: durante el período en que tuvo tutor permanente, los episodios siguieron, y la asistente que lo acompañaba también recibió un golpe.
Con eso concluyó que la expulsión no fue ilegal ni arbitraria: estaba en el reglamento, se respetó el procedimiento y buscaba resguardar la integridad de los demás estudiantes y funcionarios.
La Corte no dijo que un diagnóstico permita expulsar. Revisó una decisión concreta, con una prueba concreta. Rechazado, sin costas.
Para pensar: ¿Dónde termina el deber de un colegio de dar apoyos y dónde empieza el de proteger a los demás?
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