Pagó $2.860.000 a un estudio jurídico. En sus juicios, ni una defensa.
Cayó en insolvencia. Contrató un estudio jurídico para que lo defendiera en los juicios ejecutivos y le tramitara la liquidación. Tres millones en 21 cuotas; alcanzó a pagar $2.860.000.
Según relató, lo demandaron dos bancos y perdió ambos juicios en rebeldía. De un tercero se enteró por la notificación del embargo. Casi tres años después le dijeron que el contrato ya había terminado.
En el juicio quedó acreditado con documentos que no figuraba ninguna liquidación a su nombre y que en los juicios ejecutivos no había defensa suya.
El estudio se defendió: cambio de estrategia consensuado, obligación de medios y no de resultados, el cliente no avisó que lo habían emplazado. También alegó incompetencia y pidió el abandono del procedimiento.
La Corte Suprema rechazó la casación con un argumento de una línea: la demandada no rindió prueba alguna. Acreditado el contrato y el pago, era el estudio quien debía probar que cumplió.
Para pensar: Cuando pagaste por un servicio y no ves resultados, ¿quién debería tener que probar qué
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